Actos jurídicos documentados Vs Constitución de hipoteca inmobiliaria a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

Antonio Benítez Ostos.

Abogado. Especialista en derecho administrativo.

Director del Área de Derecho Administrativo de Gutiérrez Labrador Abogados, S.L.

Tras haber otorgado escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en garantía del pago (que ha sido aplazado/fraccionado) de determinadas cantidades adeudadas a la misma, y con carácter previo a que esta última acepte expresamente el bien en cuestión, el administrado recibe cuasi-automáticamente liquidación de la Gerencia Provincial adscrita a la Consejería de la Hacienda autonómica, por la que se le exige el pago de una cantidad proporcional, que no suele ser nada módica, en concepto de Actos Jurídicos Documentados.

La Administración suele justificar de por sí esta exigencia impositiva en los términos siguientes:

“En efecto, nos hallamos ante una escritura pública por la que un sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelanta I.V.A., constituye una hipoteca unilateral, sobre un inmueble, a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para garantizar el pago de una deuda tributaria.

(…). En consecuencia, la escritura pública por la que se formaliza la constitución de la hipoteca, al reunir todos y cada uno de los requisitos del art. 31.2 del citado Texto Refundido, queda sujeta a la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, prevista en dicho precepto.

En cuanto al sujeto pasivo, el art. 29 del tantas veces repetido Texto Refundido, dispone: “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”, por cuya razón no cabe duda de que en la constitución de una hipoteca unilateral que está pendiente de aceptación y de fijar definitivamente el adquirente del bien o derecho, el sujeto pasivo será, según la regla alternativa, la persona que haya instado la expedición de los documentos, es decir, el empresario. En consecuencia, el hecho de que la hipoteca unilateral se constituya a favor de una Administración Pública o a favor de un particular no afecta en nada a su tributación”.

Sin embargo, los motivos expuestos por la Administración para justificar su requerimiento de pago, resultan ser cuanto menos cuestionables, tanto más si analizamos el incipiente parecer de las Salas de lo Contencioso Administrativo de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, que en bastante ocasiones han revocado tales liquidaciones. No obstante, se ha de reconocer que la cuestión no es baladí, confluyendo posicionamientos cuanto menos encontrados, sin que hasta la fecha el Alto Tribunal haya tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.

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Opinión

La necesidad de motivación del importe de las indemnizaciones

Viernes, 21 de junio de 2013

Thomson Reuters Lex Nova

En cualquier sentencia que se dicte por los tribunales para resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria, y si hay lugar a la estimación de la reclamación, existen dos partes claramente diferenciadas: aquella en la que se determina la concurrencia de los requisitos para la responsabilidad y aquella otra en la que se fija la indemnización.

Efectivamente, en todas las sentencias de esta clase se dedican los primeros razonamientos a valorar la cuestión de cuales son los requisitos de la responsabilidad patrimonial y su correcta aplicación al caso concreto que se valora, después es necesario atender a cuestiones tales como la aplicación de criterios como del daño desproporcionado, la perdida de oportunidades y todos aquellos otros criterios que, finalmente determinan si la reclamación merece ser estimada. Es decir, en primer lugar las sentencias suelen responder a la cuestión de si es preciso ó necesario declarar la responsabilidad patrimonial de la administración.

Desde hace algunos años, tras estas primeras consideraciones en las que ya se define el sentido estimatorio ó desestimatorio de la reclamación, las sentencias suelen tratar la cuestión de la información y el consentimiento: se analiza la información recibida por el paciente, se valoran las secuelas previsibles, su gravedad y posibilidad de acaecimiento y se llega a una conclusión sobre si debe indemnizarse la incorrecta información facilitada ó en que modo se ha infringido el derecho de autodeterminación del paciente.

Tras todo este razonamiento, que suele ser el mas habitual en la gran mayoría de sentencias que se dictan en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, se llega a una parte de la fundamentación de la sentencia que hace referencia solo a la fijación del importe indemnizatorio; ahora la sentencia tiene que unir causalmente las conclusiones que haya alcanzado en los fundamentos anteriores con la pretensión de fijación de un importe indemnizatorio que ha sustentado la parte reclamante.

Sin duda, esta es la parte que más interesa al recurrente y en la que se juega la mayor parte de su interés que hace referencia a la cantidad de dinero con la que se va a tratar de compensar la perdida ó el daño sufrido. Por lo tanto, no es una parte intrascendente ó menor y sería muy aconsejable, en contra de lo que sucede habitualmente, que se le dedicara todo el esfuerzo argumentativo que sea necesario para que se satisfaga cumplidamente el interés de la parte y su derecho a la correcta motivación que procede, en general, del artículo 54 de la ley 30/1992 cuando impone la necesidad de que los actos administrativos sean motivados con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. No debe olvidarse lo que señala el párrafo 3 del artículo 248 de la LOPJ cuando enseña que las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo y que serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten. Es decir, la exigencia de motivación suficiente y la necesidad de detallar y justificar el contenido indemnizatorio que se fije en el fallo procede no solo de la necesidad de una correcta redacción de las sentencias sino también de la necesidad de proteger los derechos de aquellos que han acudido a la jurisdicción a reclamar lo que consideran su derecho.

La realidad, sin embargo, es que cuando se llega a esta parte de las sentencias es muy frecuente que la fuerza argumentativa de las sentencias disminuya extraordinariamente y apenas se razone ó justifique la fijación del importe indemnizatorio que se señala en el fallo de las mismas: sencillamente se cita cual es el importe de la indemnización y apenas se dice nada más. Hay muchos ejemplos en la jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, en los que se aprecia que el detallado razonamiento de la sentencia en los dos primeros apartados a los que nos hemos referido al principio, se corta en el ultimo apartado en el que la suficiencia de la motivación aparece claramente olvidada.

Así ocurre, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso 2989/2012 en un supuesto de graves secuelas consecuencia de la irregular asistencia prestada a una paciente tras someterse a la interrupción voluntaria del embarazo se razona del siguiente modo: “Atendiendo a las circunstancias del presente supuesto, y sobre todo a las graves secuelas que aquejan a la recurrente, al carácter permanente de dichas secuelas y a la edad de la propia reclamante y a la larga evolución de sus secuelas que han precisado largos periodos de hospitalización y de convalecencia sin hospitalización; las limitaciones a la autonomía, esta Sala considera que debe fijarse una indemnización de UN MILLÓN DE EUROS, por todos los conceptos, y actualizada a la fecha en la que se dicta la presente sentencia”.

Merece critica el hecho de que se fije tan alta indemnización solo precedida del razonamiento habitual referido a que la fijación de la indemnización se debe realizar con arreglo a una valoración global  y una referencia al empleo del baremo de trafico como orientativo. Habría sido deseable haber recogido indicaciones sobre el estado de la paciente (aunque este ya se hubiera descrito en el apartado factico de la sentencia); sobre el resultado que arrojaría la aplicación el baremo, sobre la necesidad de incrementar la indemnización sobre lo marcado por el baremo ó cualquier otra consideración que hubiera llevado al animo del Tribunal la fijación de tal alto importe indemnizatorio.

Al no detallarse el razonamiento lógico que ha llevado al Tribunal a fijar dicho importe indemnizatorio, parece que la fijación de la cantidad indemnizatoria es una decisión puramente voluntarista y que tan valido sería fijar la cantidad señalada, como fijar el doble ó la mitad. Si no se hacen patentes los criterios indemnizatorios no es posible que se apliquen posteriormente por otras sentencias ó en otras circunstancias.

Ejemplo paradigmático también de la insuficiente motivación del fundamento jurídico dedicado a la fijación del importe indemnizatorio puede ser el de la sentencia del Tribunal Supremo dictada en el recurso 2091/2008 cuando, tras detallar las razones para concluir en la insuficiente información, se afirma que “En el petitum de su demanda, solicita una indemnización por el fallecimiento de su esposa de ciento ochenta mil euros (180.000 euros); suma o cantidad que no nos parece en modo alguno excesiva, si nos atenemos a las cantidades que hemos reconocido en supuestos análogos; por lo que procede que concedamos esta cantidad, y los intereses legales derivados de la misma desde la fecha de su reclamación en vía administrativa, o sea desde el veinte de abril de dos mil cuatro”.

También merece critica que el criterio de la fijación del importe indemnizatorio sea que la cantidad solicitada “no parece en modo alguno excesiva”; el criterio de la fijación del importe indemnizatorio debe ser un criterio positivo de fijación del importe en el que se haga referencia a los elementos que han inclinado el animo del Tribunal a fijar una determinada cantidad; no debe bastar un simple criterio residual y negativo de no superar  el margen de lo excesivo. Es necesario, pues, que todos los Tribunales, pero más el Tribunal Supremo, realicen un mayor esfuerzo argumentativo  en la cuestión de fijación del importe indemnizatorio puesto que eso tendrá efectos beneficiosos a la hora de aplicar los mismos criterios a otros supuestos semejantes y servirá para realizar una tarea de unificación jurisprudencial de la que tan necesitada está la justicia administrativa en el ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria.

Derecho sanitario, Proceso Contencioso

Efectos colaterales de la modificación de las cuantías en el recurso de casación

Miércoles, 12 de junio de 2013

Thomson Reuters Lex Nova

La redacción del artículo 86.2 letra b) de la Ley de la Jurisdicción contenciosa introducida por la Ley 37/2011, supuso una modificación sustancial en cuanto elevó enormemente el importe de las cuantías que permitían acceder al recurso de casación: a partir del 31 de octubre de 2011 no se admite el recurso de casación en asuntos cuya cuantía no supere los 600.000 euros, salvo que se trate de las materias especialmente señaladas: derechos fundamentales, derecho de reunión, materia electoral ó sentencias que hayan acordado la nulidad de disposiciones generales.

 La Exposición de Motivos de la Ley 37/2011 fue muy clara a la hora de determinar cual era la finalidad de la reforma introducida: “Los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad. Así, el número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones durante el año 2009 ha tenido un crecimiento cercano al 33% con relación al número de asuntos ingresados 10 años antes” Por esta razón se afirmaba que era necesario introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad tal como se había hecho ya con la Ley Orgánica 1/2009 complementaria de la Ley 13/2009 de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

Finalmente se afirmaba en la Exposición de Motivos que “La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable”.

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Constitución y Derechos Fundamentales, Derecho sanitario

Los datos personales y las nuevas tecnologías

Miércoles, 13 de febrero de 2013

Manuel Martínez Martínez

Socio Departamento Legal de Ad&Law

Decían en la película Enemigo público que «La única privacidad que queda es la que está en nuestras mentes». Esta es una de esas frases que fuera del mundo del Cine pueden considerarse exageradas si bien es cierto que la privacidad comienza a ser, cada día, algo más complejo de mantener. Por ejemplo, me aventuro a asegurar que todos hemos recibido en alguna ocasión un email, un mensaje de texto o una llamada de alguna empresa ofreciéndonos un producto o servicio; al recibirlo hemos pensado: «¿Por qué esta empresa contacta conmigo? ¿Cómo ha obtenido mis datos?».

Sin intención de resultar alarmista, me atrevo también a asegurar que pocos ciudadanos son conscientes del riesgo que conlleva el uso de sus datos personales ni de quién dispone de ellos; mucho menos podemos saber con qué finalidad son tratados. La aparición de Internet y el fenómeno de las redes sociales han incrementado el intercambio de datos personales entre empresas, organismos y particulares. ¿Cuántos de nosotros consumimos estas herramientas sin ni siquiera plantearnos leer las condiciones de uso? ¿Cuántos de nosotros damos, en un simple click y desde el más absoluto desconocimiento, permiso para que incluso se comercialice con ellos?

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Protección de Datos

El sello de eficiencia energética de las lavadoras llega a los inmuebles

Miércoles, 30 de enero de 2013

Inmaculada Moreno García

Área de Calidad y Ambiente Industrial

Carrillo Asesores Tributarios y Abogados

 

El año 2013 viene cargado de color verde, no sabemos si también será porque veremos esos deseados «brotes verdes» en la economía, pero lo que sí sabemos es que trae consigo un nuevo requisito medioambiental para todas las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. Y es que, desde este mes de enero todos los inmuebles que se vendan o alquilen en España deberán poseer un Certificado de Eficiencia Energética. Esta medida, que ya existía para la compraventa de vivienda de obra nueva pero no para la usada, se amplía al alquiler y también a todos los inmuebles que den servicio al público, con una superficie útil de más de 500 m2 como oficinas, comercios, bares u oficinas en naves industriales.

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Cargas administrativas, Medio ambiente, Opinión

Diez años de la Ley 41/2002

Miércoles, 14 de noviembre de 2012

José Guerrero Zaplana

Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En estos días se cumplen diez años de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 41/2002 Básica de la Autonomía del Paciente y de Derechos en materia de Información y Documentación Clínica. Aprovechando esta circunstancia, será bueno que dediquemos algún tiempo a reflexionar sobre los efectos que la aplicación de esta norma ha tenido en nuestro ordenamiento jurídico.

 No cabe duda de que su promulgación supuso un cambio fundamental en nuestro sistema de derecho sanitario. La aplicación de los apartados 5 y 6 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad eran claramente insuficientes y no daban respuesta a la multitud de problemas que se podían plantear en relación a la exigencia de información y consentimiento de los pacientes; además, no recogía con el suficiente detalle todos los derechos de los pacientes en relación a la ejecución de su prestación sanitaria.

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Derecho sanitario

La Legalización de documentos públicos extranjeros

Miércoles, 7 de noviembre de 2012

Luis Bonillo Garrido

 Abogado

El presente artículo tiene por objeto el análisis de los requisitos formales que debe contener un documento público extranjero para que pueda ser considerado documento auténtico en España. Asimismo se hará referencia a los requisitos que un documento público español precisa para que despliegue todos sus efectos en un tercer país.

1. La Apostilla de la Haya

Tienen la consideración de documentos públicos los siguientes: a) los dimanantes de una autoridad o funcionario público, b) los documentos notariales, c) los documentos judiciales, d) los documentos mercantiles, e) la traducciones juradas de documentos públicos, f) los documentos académicos y g)  los certificados médicos.

Cada uno de los citados documentos necesita ser correctamente legalizado para que se le pueda reconocer su correspondiente eficacia jurídica en nuestro país.

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Organización administrativa

Aledaños jurídicos de una consulta soberanista

Lunes, 22 de octubre de 2012

Jaime Barbero Bajo (@Jaimebarbero)

(Coordinador del Área de Derecho Público.

Thomson Reuters Lex Nova)

Con prudencia, con la máxima de las prudencias pretendo enfocar estas líneas, ya que no soy especialista ni en Derecho Constitucional, ni en internacional, ni en el ordenamiento de la UE ni, por otra parte, tengo intención de provocar la visceralidad que va implícita en la defensa a ultranza de posturas nacionalistas o centralistas. Lo ponga como lo ponga —soy plenamente consciente, y lo asumo con resignación— más de una crítica me llevaré.

Voy al grano. Describamos un posible escenario donde puedan intervenir aspectos jurídicos concretos (y que podría darse no sólo en Cataluña, a tenor del resultado de los comicios del 21-O en el País Vasco):

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Constitución y Derechos Fundamentales, Opinión

Réquiem por las entidades locales menores

Martes, 2 de octubre de 2012

Santiago A. Bello Paredes.

(Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos)

El pasado 13 de julio de 2012 el Consejo de Ministros presentó el denominado «Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local» en el que se contiene, entre otras reformas en el ámbito local que trataremos de ir desgranando en futuras colaboraciones, la supresión de las Entidades Locales Menores.

Desde el punto de vista cuantitativo, existen en España 3.723 entidades de este tipo; de las cuales 2.320 se ubican, por circunscribirme a la comunidad y provincia donde resido, en Castilla y León y 652 en la provincia de Burgos. De esta forma, nos encontramos ante la innegable singularidad de este fenómeno organizativo en esta Comunidad Autónoma, que debe conducir a un posicionamiento institucional de la Junta de Castilla y León, tal y como se viene produciendo en diversos Plenos de Diputados y de Ayuntamientos, ante esta reforma normativa.

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Opinión, Organización administrativa

Un incendio forestal de casi 20 años

Lunes, 24 de septiembre de 2012

Henar del Olmo Berzosa

(Responsable de producto del Área administrativo de Lex Nova)

El otro día a través de la prensa, tanto escrita como visual, pude conocer la noticia por la cual se condenaba a una empresa eléctrica a pagar una indemnización de casi 40 millones de euros a 117 propietarios forestales y agrícolas, por su «inexcusable negligencia» por no haber mantenido correctamente el estado de la línea eléctrica que originó un incendio que arrasó casi 20.000 hectáreas en Cataluña, y causó la muerte de cuatro personas.
En un año…, mejor dicho, en un verano tan nefasto y devastador para nuestro país en lo que a incendios forestales se refiere, me sorprendió la noticia, sobre todo por el tiempo transcurrido desde que se produjo el hecho causante de la misma hasta el día en que se ha dictado sentencia que daba fin —aunque no del todo, ya que la empresa eléctrica está estudiando la posibilidad de presentar recurso— a un incendio que en realidad se tardó en sofocar 15 días, pero cuyos rescoldos han durado casi 20 años.

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Medio ambiente, Opinión